Acusados de coimeros cargaron sobre los que les ofrecían dinero

El juez penal Miguel Caviglia rechazó los sobreseimientos de los acusados de integrar una organización que estafaba a personas que buscaban acceder a una vivienda. Sus abogados pretendieron igualar su responsabilidad con las de quienes les ofrecían dinero para acceder pronto a una casa.

La audiencia preliminar del caso conocido como “IPV II” comenzó el pasado lunes y continuó el martes. Los defensores en su mayoría solicitaron la suspensión de juicio a prueba de sus pupilos, con reglas de conducta como fijar domicilio, presentaciones ante la Oficina de Delegados de Control y la reparación del daño en la medida de sus posibilidades.

Por su parte el fiscal prestó su conformidad en algunos casos y en otros solicitó se actualice el monto económico ofrecido como reparación. Respecto del “jefe” de la asociación ilícita, Maximiliano González, y los “organizadores”, Claudia Soledad Britez y Alberto Villagrán, se elevó la causa a juicio. En tanto, sobre el resto de los coimputados en condición de “integrantes” de la banda aún se deberá resolver si acceden a una probation.

Puntualmente, se trata de Griselda Fanny Jonás, Gloria Edith Vargas, Marcela Griselda Soria, Luis Alejandro Linco, Exequiel Manuel Villagra, María Elizabeth Monsalve, Patricia Soledad Pereira, Vanesa Ayala y Viviana Millaquen. En total las víctimas de la estafa fueron 227 personas.

La audiencia preliminar fue presidida por el juez penal Miguel Caviglia; el Ministerio Público Fiscal lo representó Héctor Iturrioz, y la querella fue ejercida por Sergio Romero y José Nahuelhuel. Guillermo Iglesias actuó como defensor de González; María Cristina Sadino auspició a Jonás; Analía Martínez a Millaquen; Pachman por Villagra; Eduardo Stepa por Vargas, José Palacios por Monsalve y Selva Scatena por Britez y Villagrán.

“SABIAN QUE ESTABAN PAGANDO PARA TENER VENTAJA”

Durante la audiencia, el defensor de González sostuvo que “no hay asociación ilícita porque no hay un acuerdo previo para cometer un delito”. Además afirmó que “no hay fraude porque no hay engaño” y que “las víctimas sabían que estaban pagando para tener una ventaja”. Por lo tanto pidió el sobreseimiento de su defendido.

Seguidamente el defensor de Vargas también argumentó que “no son víctimas las personas, todos sabían que pagaban y tenían ventaja”. Es algo ilícito que se quiere transformar en lícito. No hay asociación ilícita ni fraude por parte de su defendida, por lo cual solicitó también su sobreseimiento.

Por su parte el juez rechazó el sobreseimiento de ambos acusados y los elevó a juicio junto con Britez y Villagrán. El magistrado consideró que hay elementos suficientes para sostener la existencia de una organización delictiva que se dedicaba a cobrar dinero a personas que aspiraban a obtener una vivienda del IPV mediante falsas promesas o gestiones irregulares. Asimismo, señaló que las víctimas fueron engañadas y perjudicadas económicamente por los imputados.

La fecha del juicio oral y público aún no fue fijada. Se espera que declaren más de 200 testigos.