• Argentina

Daniel Vila, el empresario que quiso quedarse con los medios de grupo Indalo

En marzo de 2018 Vila dio una entrevista en la que se presentaba como un “salvador” de los medios que forman parte del Grupo Indalo. Por ese entonces, se gestaba la persecución contra la compañía de López y De Sousa, a través de varios mecanismos de asfixia financiera y censura de voces.

La renuncia de Viviana Canosa detonó nuevamente las internas dentro del grupo mediático del empresario Daniel Vila. A24 pierde uno de los programas más vistos en medio de un escándalo y acusaciones de censura. Pero Vila está acostumbrado al juego de la política interviniendo en lo que debería ser el normal desempeño de la prensa y la libertad de expresión. De hecho, trató de sacar rédito económico de ese juego, informó Ámbito Financiero.


Lo hizo, y no fue la primera vez, durante el gobierno de Mauricio Macri. Cuando el entonces presidente utilizó el aparato del Estado y jueces “amigos” para perseguir a los accionistas del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, quienes fueron injustamente encarcelados, como más tarde demostró la Justicia tras absolverlos en la causa armada por la que fueron acusados.


En marzo de 2018 Daniel Vila dio una entrevista a la revista Noticias en la que se presentaba como un “salvador” de los medios que forman parte del Grupo Indalo. Por ese entonces la persecución contra la compañía de López y De Sousa llevó a la asfixia financiera que puso en riesgo la existencia de las voces, casi las únicas, que cuestionaban la praxis económica del gobierno de Macri, cuyos pésimos resultados están a la vista de la sociedad que en 2019 le dio la espalda con su voto.


“Hemos establecido un sistema de capitalización de la sociedad, donde vamos a tratar de resolver los problemas. No es fácil, es una situación compleja”, decía el empresario que buscaba que el Grupo América se aprovechara de la persecución para quedarse con C5N, CN23, Radio 10 y las FM Mega, Vale, One y Pop. Vila preparaba un supuesto plan de “saneamiento de las empresas” para presentarle al juez Julián Ercolini, quien intervenía en el concurso de acreedores.


Más aún. Las conversaciones que encaró Vila fueron con Ignacio Rosner, quien espuriamente se autoproclamó dueño de las empresas que pertenecían a López y De Sousa.


Ahora Daniel Vila quedó en el centro de la polémica tras la renuncia de Canosa. La conductora, que fortaleció su carrera ubicándose en el lado macrista de la grieta y nunca ocultó su simpatía por Cambiemos, habría querido emitir un informe crítico contra el flamante ministro de Economía, Sergio Massa. Según denuncia, Vila no lo permitió por su cercanía con el exintendente de Tigre y líder del Frente Renovador.


Por eso no sorprende que el hostigador de medios que no se arrodillaron ante él, o sea Macri, haya salido en defensa de Canosa con un mensaje que deja en evidencia su doble vara. El fundador del PRO protege la libertad de expresión solo de aquellos que opinan en su favor, pero no la de quienes lo critican.


“No podemos aceptar ningún tipo de censura sobre la prensa, ni aún la encubierta en buenas intenciones. Es un retroceso a la ignorancia, un castigo que promueve el silencio”, escribió en Twitter Macri. Cabe recordar que durante su gobierno hubo despidos en la agencia estatal Telam, se encarceló y se les abrieron causas penales a personas que los criticaron por redes sociales, además de la persecución contra Indalo.


“Aceptamos el costo de ser libres o aceptamos las consecuencias de no serlo. Yo estoy con la libertad”, completó el expresidente que parece haber perdido la memoria desde 2015 cuando inició su gobierno se montó un operativo contra Oil Combustibles para perseguir a los accionistas del grupo Indalo Cristóbal López y Fabián De Sousa con el objetivo de quebrarlos.


Historia de una persecución


La operación que derivó en la quiebra de Oil arrancó en octubre de 2015, el día de la primera vuelva electoral de aquel año. Esa mañana, Mauricio Macri citó a Cristóbal López en la casa de Franco Macri, en Barrio Parque. El ahora expresidente le dijo a López que su triunfo electoral estaba asegurado, le mostró una encuesta y -según declaró el empresario ante la jueza Servini- “me pidió el canal para meter presa a Cristina”. López asegura que en aquel diálogo le contestó “no contés conmigo”.


Tres meses después, Macri asumió la presidencia y se inició una guerra contra Indalo, con un pico en marzo de 2016 cuando una nota en el diario La Nación hizo pública una supuesta investigación periodística en la que se acusaba al Grupo Indalo de una evasión impositiva de $8.000 millones. Muy poco después, el propio Macri reveló que en realidad se trató de un trabajo hecho por la AFIP -es decir por el gobierno de Macri- y filtrada al matutino.


En ese momento, se presentó en Comodoro Py la exdiputada Elisa Carrió y sostuvo que lo publicado en La Nación era parte de la gigantesca asociación ilícita, encabezada por Néstor y Cristina Kirchner, que ella ya había denunciado en 2008, ocho años antes. De esa manera, canalizó la instrucción hacia el juez Julián Ercolini -que tenía el expediente de 2008 sobre la asociación ilícita- que junto con Claudio Bonadio, monopolizaron la persecución contra los opositores. Fue una maniobra de forum shopping, es decir de elección del juez, sin que Carrió hiciera aporta alguno, sólo recortes periodísticos. El paso siguiente fue cantado: se acusó a los empresarios por defraudación.


En todo el proceso, López y De Sousa recibieron las visitas de distintos enviados, entre ellos Pepin Rodríguez Simón (hoy prófugo en Uruguay), quien les anunció: “Empezó la guerra”. Pero el hostigamiento a las empresas fue aún mayor, con embargos y pedidos de quiebra. Al mismo tiempo, también aparecieron en escena varios empresarios, Orly Terranova, Ignacio Rosner -cercanos al macrismo- que hacían ofertas para quedarse con el conglomerado de empresas y, por fin, disciplinar los medios a la Casa Rosada.


En ese entonces los trabajadores cobraban sus sueldos en cuotas y con enormes obstáculos plantados por el gobierno de Macri y la justicia comercial con la que hubo una gigantesca batalla para que no se embargaran las cuentas desde la que se pagaban los sueldos.


Punto clave


Una instancia clave se produjo en diciembre de 2017 cuando Ercolini dictó el procesamiento y la prisión preventiva de López y De Sousa. Fue justito el 19 de diciembre, en medio de las movilizaciones en Congreso por la reforma jubilatoria. Esa noche, tras una reunión entre el presidente, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia, se puso en marcha el operativo que buscó amortiguar la hecatombe del Congreso con la detención de los empresarios.


Para dictar la prisión: Ercolini argumentó que López y De Sousa habían vendido el grupo empresario a sus espaldas, algo obviamente imposible porque no se podían transferir acciones sin el visto bueno del magistrado que tenía todo embargado. Lo cierto es que un año y nueve meses después, en septiembre de 2019, la jueza María Eugenia Capuccetti dictaminó que no hubo tal venta ni se cometió ningún delito. López y De Sousa estuvieron casi 22 meses presos.


Con los dueños en el penal de Ezeiza, la compañía quebrada y la ofensiva mediática, en el camino la justicia malvendió bienes claves de Oil, como la refinería, el puerto de San Lorenzo y una serie de estaciones de servicio a precios que significaban un tercio o un cuarto de ofertas anteriores; le quitaron al grupo concesiones viales y el gobierno de Macri revocó obras que la constructora CPC había ganado en licitaciones.


Hace casi un año, la jueza comercial María Soledad Cazzaza dio por finalizada la quiebra de Oil Combustibles y aceptó el avenimiento (acuerdo) de Oil por el 99,96% de la deuda y el 96% de los acreedores. El fin de la quiebra de Oil es una especie de derrota del demoledor apriete que sufrieron distintos empresarios por parte del gobierno de Mauricio Macri.


La extorsión, conducida por la llamada mesa judicial, es hoy investigada por la jueza María Romilda Servini y es la causa en la que está prófugo el principal operador judicial de Macri, Pepín Rodríguez Simón.

3 visualizaciones0 comentarios