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Incendio en Legislatura y Casa de Gobierno: Este lunes se escucharon los alegatos finales

Tanto la Fiscalía como la querella coincidieron en pedir la culpabilidad de los tres imputados, Santiago Goodman, Mariana Castro y Marcela Ancaleo.

Se comenzaron a escuchar este lunes los alegatos finales en el juicio oral y público contra los tres imputados por los incendios desatados entre los días 17 y 18 de septiembre del año 2019 que afectaron los edificios de la Legislatura provincial, durante una manifestación de docentes.

Tanto la Fiscalía como la querella coincidieron en pedir la culpabilidad de los tres imputados, Santiago Goodman, Mariana Castro y Marcela Ancaleo.


Para la fiscal general de Rawson, responsable de la acusación, Florencia Gómez, y el Procurador Fiscal, Leonardo Cheuqueman, quedó acreditada “la materialidad de los hechos por parte de los imputados” y que a diferencia de Goodman, Mariana Castro y Marcela Ancaleo tuvieron una participación secundaria. En todos los casos, los tres imputados “fueron conscientes de su accionar ilegal y sus consecuencias y que actuaron con libertad para llevar adelante sus conductas”, destacándose además que resulta además “poco creíble” que el traslado de las cubiertas fuera para “calefaccionarse”.


Para la fiscalía, tuvieron especial relevancia los peritos policiales y de los bomberos que, a manera de testigo, expresaron sus dichos en el debate. Asimismo, los testigos -especialmente policías- que se vieron afectados por las consecuencias del espeso humo y las llamas. Se trata de testigos presenciales desde el interior del edificio como así también desde el exterior.


Respecto de los primeros testigos, destacaron los dichos del periodista Augusto Rakijar que manifestó que se trataba de una situación de “trabajadores contra trabajadores” en alusión a las llamas avivadas por manifestantes docentes que afectaban a policías que intentaban salvaguardar edificios públicos.


Las cubiertas


También se destacó que “Los materiales que se vieron afectados como consecuencia del incendio, (mampostería, vidrios, perfiles de aluminio) fueron a consecuencia de un incendio de combustión libre, “fuego sin control”. Las cubiertas, en gran cantidad, se trata de un tipo de un material altamente inflamable, peligroso y difíciles de apagar. La evidencia indica que pocas cosas o materiales presentan tanta idoneidad para la propagación de un foco ígneo como lo es las cubiertas/ neumáticos. Entre los componentes está el caucho sintético, altamente inflamable, un material utilizado para avivar y mantener el fuego de las llamas, es un agente eficaz de propagación de fuego, dada la magnitud que efectivamente alcanzaron las llamas del incendio”.


Respecto de las consecuencias en las personas, se indicó que ese humo generado es “altamente contaminante y se creó un peligro para la seguridad pública, y los imputados difícilmente pudieron ignorar. Existió un riesgo generalizado para los bienes y las personas”.


Incendio, principal imputación


Para los investigadores “ha quedado acreditado a lo largo del debate que las conductas desplegadas por los imputados crearon un peligro común para los bienes y las personas que demanda la figura de incendio. La acción de los imputados, derivó en una situación de peligro concreto para el Edificio de la Legislatura y para todo el personal policial que, cumpliendo su función de evitar el ingreso de los manifestantes al interior del edificio, quedó expuesto a la inhalación monóxido de carbono, viendo afectada su salud, efectos que se manifestaron con tos, mareos, ardor de ojos, falta de aire, tal como quedó acreditado por los testigos en el debate.”


Asimismo, se tuvo en cuenta la magnitud de los daños acreditado por los testigos peritos profesionales en arquitectura e ingeniería, que dieron cuenta de los daños en la mampostería, vidrios, aberturas y mobiliario por efecto de las llamas y el calor. Asimismo, se tuvieron en cuenta los efectos del espeso humo que ganó todos los rincones del acceso a la Legislatura y luego en la puerta dos de la Casa de Gobierno. En este caso se tuvo en cuenta las consecuencias que a posteriori causaron en los empleados y el normal funcionamiento de esos lugares.


Respecto de la Legislatura, el costo de los daños en ese edificio, fueron valuados en los 12 millones de pesos al año 2019.


“Hubo intención”


Para la fiscal Florencia Gómez y su equipo de investigadores existió además el dolo o intencionalidad en provocar los delitos endilgados, ya que, entre otros aspectos, “fueron conscientes que el accionar que desplegaron y realizaron, era ilegal”.


Respecto de la autoría, no solo es suficiente lo observado por los testigos que coincidieron en ver a Goodman haber trasladado y arrojado cubiertas al fuego, sino también su propio reconocimiento de los hechos por los cuales fue llevado a juicio oral y público.


Destacaron que en el juicio no quedó acreditado que Goodman haya actuado bajo “amenazas”, tal como lo manifestaron los imputados y algunos testigos de la defensa considerados de dudosa credibilidad, teniendo en cuenta que se trata de delegados del mismo gremio que conducía Goodman.


Querellante Castro


“La hipótesis acusatoria fue concreta, clara y precisa y a lo largo del debate fue debidamente acreditada”, manifestó Martín Castro, el abogado querellante que representa al Estado provincial, la víctima y principal afectado por los hechos investigados.


Castro también hizo una síntesis de los hechos ocurridos sobre la base de los testigos relevantes, entre bomberos, peritos, profesionales de la medicina y policías afectadas por el fuego y el humo. Consideró que se trató de un “incendio peligroso e incontrolable, únicamente controlable por personal y equipamiento idóneo”


Además, destacó los daños producidos, “que quedaron debidamente acreditados” por los testigos, ingenieros y arquitectos que se escucharon.


La audiencia de debate, alegatos finales, se realizó en la Oficina Judicial de Rawson, la juez de garantías es Maria Tolmei, la fiscal Florencia Gómez, la querella a cargo de Martin Castro y los defensores son Sergio Miranda y Miguel Moyano de la defensa pública.




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